Brasil: Lula anuncia un decreto que protege nuevas reservas aborígenes en el Amazonas
Por Walter Calabrese
El presidente Lula da Silva firmó un decreto este martes reconociendo dos nuevas reservas indígenas ubicadas en los estados de Acre y Amazonas. La demarcación de estos territorios coincidió con las celebraciones del Día de la Amazonia, en medio del debate jurídico sobre el derecho de los pueblos originarios a sus tierras ancestrales, concretando así una de las promesas realizadas en la campaña presidencial.
Las tierras forman parte de un grupo de ocho terrenos que se aprobarán a fin de año. La política encarada por Lula respeta los derechos de los territorios indígenas, a la vez que gestiona una gran barrera contra la deforestación. «Si no hay futuro para la Amazonia y su gente, tampoco lo habrá para el planeta», señaló el presidente brasileño.
Según datos oficiales divulgados por el gobierno, el área deforestada de la Amazonía brasileña disminuyó un 66 por ciento en agosto respecto al mismo mes del año anterior y logró la menor cifra desde 2018.
El informe también consigna que el área destruida por la deforestación en agosto fue de 563 kilómetros cuadrados, contra los 1.661 kilómetros cuadrados registrados hace un año. La información es proporcionada a partir de los datos satelitales registrados por el Instituto de Investigaciones Espaciales de Brasil. Cabe recordar que durante presidencia de Jair Bolsonaro la deforestación anual promedio había aumentado en un 75 por ciento en comparación con la década anterior.
Los pueblos originarios en Brasil ocupan el 13,7 por ciento del territorio del país, donde aparecen 610 tierras indígenas, entre las que ya existen demarcadas 487, la gran mayoría ubicadas en la Amazonia, con 327 asentamientos.
El anuncio del presidente Lula se contrapone al largo paréntesis que existió durante el gobierno de Bolsonaro y supone una respuesta a la Corte Suprema, que viene analizando los derechos indígenas sobre las tierras ancestrales. El tema sigue generando polémica entre los pueblos originarios y los poderosos terratenientes del sector agropecuario.
Existe una tesis que refiere al «marco temporal», una postura muy criticada por los indígenas, puesto que impediría la demarcación de territorios que tradicionalmente pertenecían a los pueblos originarios, pero que a partir de 1988 fueron ocupados por agricultores o ganaderos, muchas veces por la fuerza.
En esta última semana, los magistrados de la Corte Suprema se reunieron para analizar, luego de una pausa dos meses, la constitucionalidad de ese marco temporal, por el cual los indígenas sólo podrían tener derecho a reclamar las tierras que ocupaban anteriormente a la fecha de publicación de la Constitución de Brasil, promulgada el 5 de octubre de 1988. En este sentido, de los once magistrados que componen el máximo tribunal, cuatro han votado en contra del marco temporal y otros dos a favor.
En el mes de mayo, la Cámara Baja había aprobado por mayoría el proyecto que propone el marco temporal como criterio para la demarcación de tierras de pueblos originarios. El mismo todavía necesita la aprobación del Senado, ámbito en donde las decisiones de la Corte Suprema pueden influir notoriamente.
Por otra parte, Lula propuso que el voto de los magistrados en el Supremo Tribunal Federal sea secreto, para evitar conflictos y manifestaciones contra los jueces. La idea es que las resoluciones se vayan ordenando democráticamente.
Las medidas tomadas por Lula con las tierras se iniciaron a fines de abril de este año, en donde había firmado un decreto similar para cuidar la calidad de vida de los pueblos originarios, porque considera que esas reservas garantizan a estos ciudadanos el uso exclusivo de los recursos naturales, preservando a la vez su modo de vida tradicional. «Vamos a volver a legalizar las tierras indígenas», porque «para llegar a 2030 con deforestación cero en la Amazonía», como se ha comprometido el Gobierno, «vamos a necesitarlos a ustedes como guardianes de las selvas», había indicado anteriormente Lula.
La labor de los pueblos indígenas en estas zonas es considerada por los científicos como un frente natural contra la deforestación, iniciativa que forma parte del gran desafío de batallar contra el calentamiento global.
La tarea de Lula es doblemente encomiable, por un lado defiende los derechos de los pueblos originarios y los integra a la política social del país. Por otro, se enrola en la lucha contra la deforestación, siendo un defensor del medio ambiente. Su liderazgo en la región es un magnífico espejo para poder encontrar respuestas al sinnúmero de conflictos que se producen con los pueblos originarios.
Aquí, en Jujuy, el gobernador Morales hace todo lo contrario, persigue, despoja y maltrata a los pueblos originarios del norte argentino, haciendo gala de un rancio racismo que nace en el etnocentrismo y en el rechazo de todo lo que no pertenece a la “raza blanca”. Para Morales, su persecución resulta una oportunidad política para estigmatizar a los indígenas y beneficiar a terratenientes amigos. El gobernador jujeño es la antítesis de Lula, Morales es apenas un pequeño títere de los dueños del litio en la provincia. Lula, en cambio, se encuentra entre los mejores líderes políticos de los últimos 50 años en Latinoamérica.
*Analista Político
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